¿Por qué el lobby del aborto quiere destituir jueces católicos y provida en Argentina?

, 22 Sep. 22 (ACI Prensa).-
Martín Zeballos Ayerza, abogado y Magister en administración y políticas públicas por la UDESA, explicó por qué el lobby del aborto en Argentina busca destituir jueces católicos y provida en el país.

El pasado 8 de septiembre se realizó una audiencia del Consejo de la Magistratura de la Nación, por la acusación presentada por la consejera Vanesa Siley contra los jueces Javier I. Anzoátegui y Luis M. Rizzi, que busca destituirlos como miembros del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal.

La acusación se vincula a una sentencia dictada por estos dos jueces y el magistrado Alejandro Sañudo, que el 24 de septiembre de 2020 condenaron a 35 años de prisión a un hombre por abusar de su media hermana de 14 años.

La próxima audiencia en la que se verá la acusación se realizará el próximo 27 de septiembre.

En declaraciones a ACI Prensa este 22 de septiembre, Zeballos cuestionó por qué “una organización internacional (Amnistía Internacional) y una feminista radicalizada (Siley) se enfurecen por magistrados que cuidan de una niña abusada”, considerando además que los jueces “se preocuparon por el bienestar emocional de la niña víctima”.

El caso

El especialista en políticas públicas recordó que la adolescente resultó embarazada y se le hizo abortar cuando tenía 5 meses y medio de embarazo, antes de que los jueces intervinieran.

“El aborto se realizó en circunstancias confusas. No quedó claro si la adolescente fue debidamente informada sobre la práctica, no intervinieron los funcionarios judiciales competentes y tampoco se informó si la bebé nació viva o no”, precisó el experto jurista.

La madre de la adolescente “relató en juicio los atroces sufrimientos de su hija cuando se le practicó el aborto, que la llevaron a temer por su vida”.

“También narró las graves perturbaciones psicológicas que desde el aborto -y no antes- Laura padece. Se volvió retraída, solitaria y abandonó sus estudios”, agregó.

Lo que hicieron los jueces

Martín Zeballos indicó a ACI Prensa que los jueces acusados por la consejera feminista “ordenaron investigar la posible comisión de otros delitos: homicidio o aborto” ya que si la bebé había nacido viva “en tal caso se trataría de un homicidio”.

“También ordenaron investigar si los funcionarios públicos que debieron intervenir, lo hicieron o no de acuerdo con la ley”, agregó.

Los jueces también pidieron investigar “si la bebé concebida había sido eliminada antes de nacer, ordenaron que se investigara la posible comisión del delito de aborto, vigente en ese momento”, ya que no estaba vigente la ley del aborto aprobada por el Senado en diciembre de 2020.

En Argentina, para un funcionario público como un juez, “no es opcional denunciar la posible existencia de un delito, sino que es obligatorio por ley. El no hacerlo constituye un crimen”, advirtió.

El fallo F.A.L.

En su fallo, el juez “Anzoátegui osó explicar por qué –desde su punto de vista– el conocido fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación era contrario a la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061”, esta última sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Zeballos indicó que si bien Anzoátegui y Rizzi debían “juzgar solamente el abuso contra una niña, así lo hicieron y condenaron al culpable. Al percatarse de la posible comisión de otros delitos, ordenaron investigar. No desconocieron el fallo F.A.L de la Corte Suprema ni dejaron de aplicarlo (no tuvieron ocasión de hacerlo)”.

El fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Argentina abrió las puertas al aborto, tergiversando lo que decía la ley. Es un fallo previo a la ley del aborto de 2020.

La acusación de una feminista contra los jueces

El experto en políticas públicas cuestionó con ironía a la consejera Siley: “¿Cómo un juez se atreve a mencionar que hay derechos constitucionales superiores al aborto? Cualquier atisbo de amenaza a ese negocio debe ser censurado”, dijo.

“No se trata de que el juez no haya cumplido una norma. Se debe eliminar su libertad para dar una opinión jurídica fundada. Y se debe aleccionar. Que ningún otro se atreva a pensar con independencia”, agregó.

“Por estas razones, la consejera Vanesa Siley denunció a los jueces. Esta dirigente del Sindicato de Trabajadores Judiciales transcribe servilmente en su acusación los párrafos dictados desde una ONG extranjera (Amnistía Internacional) que encabeza el lobby del aborto”, denunció Zeballos.

Desde hace algunos años Amnistía Internacional promueve el “derecho al aborto” en todo el mundo, como parte de sus políticas a favor de los derechos humanos.

El experto abogado cuestionó también: “Yo me pregunto: ¿Desde cuándo una ONG extranjera se inmiscuye en la designación y destitución de jueces argentinos? ¿Acaso no hay un procedimiento legal? ¿Será que Amnistía Internacional se autopercibe como una fuerza con derecho a pisotear nuestras instituciones?”.

Para concluir, el magíster en políticas públicas por la UDESA dijo a ACI Prensa que las acusaciones de Siley son “asimilables a las de una dictadura ideológica. Un peligroso intento de imponer el pensamiento único y de perseguir decisiones judiciales cuando incomodan los negocios internacionales de los poderosos”.